La Iglesia Católica Responde a
La Crisis de Inmigración en los Estados Unidos de América
Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos
Miércoles, 15 de Octubre, 2008
El Reverendísimo John C. Wester
Obispo de Salt Lake City
Antes de empezar mis comentarios en el día de hoy, me gustaría dar las gracias al Monseñor Heberto Díaz por su cordial invitación a participar en esta importante conferencia sobre la inmigración. Lo admiro por poner su atención en este tema vital en nuestro país, ciertamente en nuestro mundo. Hoy día les admiro a ustedes profundamente por todo lo que están haciendo para dar la bienvenida y apoyar al forastero entre nosotros. Pido en mis oraciones que esta presentación complemente un poco a sus discusiones y debates esta semana.
El hablar sobre inmigrantes y también de personas errantes, me hace recordar una pequeña anécdota sobre una obra de teatro de Navidad en una escuela primaria. Esta historia involucra a un pequeño estudiante de primer grado a quien escogieron para tomar el papel del posadero en la obra de Navidad de su escuela. El practicó día y noche, aunque solo tenía dos cortas líneas. “No hay sitio en la posada. Váyanse”. (repita-repeat) Sus padres eran muy pacientes y ¡él era el actor mejor preparado! La noche de la obra, José y María tocaron a la puerta y su turno llegó. “No hay sitio en la posada, gritó él, “pero por qué no entran de todos modos y cenan con nosotros!” Bueno, ¡todo mundo irrumpió en carcajadas!
Hay un instinto maravilloso en ese pequeño. Un sentido maravilloso de hospitalidad, compasión y calor todo envuelto en una amorosa acogida. Yo creo que nosotros los seres humanos hacemos esto naturalmente. Somos criaturas sociales y estamos por naturaleza interesados el uno por el otro y por cuidar uno del otro. Pero ¿qué le pasa a ese instinto? ¿Adónde va cuando maduramos? ¿De dónde vienen las barreras? De repente, escuchamos “no en mi patio” o “yo estaba aquí primero” o “bienvenido a este o aquel lugar, ahora váyanse a casa” o “ciertas personas no deben molestarse ni en hacer una solicitud”.
Recientemente una amiga mía lo resumió muy bien. Ella dijo que, como país, no abrimos nuestros brazos a extranjeros tan abiertamente como solíamos hacerlo. Cualquiera que sea la razón, la condición en nuestro país ha cambiado, y aún así, nadie puede argumentar que no seamos más prósperos, más poderosos, más talentosos ahora que antes en nuestra historia, a pesar de que en estas últimas semanas señalan serias fallas en nuestro sistema económico. ¿Acaso las palabras de Emma Lazarus, grabadas en la base de la estatua de la libertad suenan ciertas hoy día? “Dadme vuestros rendidos, vuestros pobres, vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad…”
No hay duda en mi mente de que la inmigración es uno de los aspectos sociales más importantes que enfrenta nuestro país y nuestro mundo actualmente. No sólo afecta a pocos estados a lo largo de la frontera o a nuestras grandes ciudades – sino que está impactando prácticamente a cada comunidad en nuestra nación. Esto es muy diferente a hace veinte o treinta años. Desde entonces, nuestra nación ha experimentado una ola de inmigración sin precedentes. De la manera que manejemos la inmigración ahora --determinará el futuro de nuestra nación – y el tipo de nación que seamos – para el siglo veintiuno (XXI).
Se me ha pedido que hable sobre la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis de inmigración en nuestro país: el “Qué” de nuestra respuesta. Ustedes ya conocen muy bien las razones del por qué la Iglesia está tan íntimamente involucrada en esta cuestión. Existen numerosos pasajes bíblicos que nos motivan a hablar de este tema, pero ninguno más conmovedor que aquellos que citan al mismo Cristo como un refugiado y como un predicador errante. Hay una amplia historia de encíclicas papales que nos motiva a responder al tema de la inmigración como también muchos documentos que provienen de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y otras conferencias Episcopales, especialmente nuestro trabajo conjunto con México, que nos llama a la acción. Dicha respuesta es normal ya que verdaderamente somos una iglesia inmigrante en un país de inmigrantes.
Y como Iglesia, ciertamente estamos íntimamente involucrados en la experiencia de la inmigración. Como pastores, educadores y agentes de servicio social, dolorosamente estamos conscientes de la situación de los inmigrantes. Vienen a nosotros a diario en búsqueda de asistencia legal, pastoral, social y emocional. Tristemente, somos testigos de familias que son separadas, trabajadores inmigrantes que son explotados, y familias lamentando la pérdida de seres queridos que mueren en su camino hacia los Estados Unidos. La Iglesia está presente en cada punto de inmigración – “enviando comunidades”, a lo largo de la ruta, a lo largo de la frontera, y en comunidades receptoras. Los Católicos están involucrados en la inmigración como oficiales electos, agentes de patrulla fronteriza, proveedores de servicio y como inmigrantes mismos. Tenemos la obligación de mostrar liderazgo en este asunto para que nuestra nación pueda encontrar una solución justa a la crisis migratoria.
En resumen, la Iglesia tiene una gran experiencia con inmigración, y por lo tanto, mucho que ofrecer para entender esta realidad tan compleja. A diferencia de muchos comentaristas y contribuidores al debate, lo vemos desde una perspectiva global, en la cual se basa nuestro punto de vista y las soluciones que ofrecemos y apoyamos. Somos una institución universal y a diferencia de otros que opinan, no vemos el asunto solamente en términos económicos, sociales o culturales. Para la Iglesia, el tema de la inmigración es primordialmente humanitario. Porque afecta los derechos humanos, la dignidad humana, y las vidas de millones de seres humanos, tiene implicaciones morales y debe ser vista a través de una lente moral.
Más aún, la recientemente reformada Carta Pastoral de los Obispos Ciudadanos Fieles nos da aún otra perspectiva del por qué la Iglesia se involucra en el debate público sobre el tema de la inmigración. El párrafo trece dice:
En la Tradición Católica, el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Esta obligación tiene sus raíces en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar un testimonio cristiano mediante todo lo que hacemos. Como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica: “Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana… Los ciudadanos deben cuando sea posible tomar parte activa en la vida pública:. (nos. 1913-1915)
Y en el siguiente párrafo del mismo documento, leemos que “[e]l llamado Católico a ser ciudadanos fieles afirma la importancia de la participación política e insiste en que el servicio público es una vocación digna.”
Claramente, entonces, la Iglesia Católica está correcta enmedio de la conversación sobre la inmigración, o debate si así prefieren llamarle, en los Estados Unidos. La Iglesia cree que el actual sistema de inmigración de los Estados Unidos tiene un impacto desfavorable sobre los derechos, dignidad y vidas de los seres humanos y debe ser reformada. Esto, entonces, es la pieza central de la respuesta de la Iglesia al dilema sobre la inmigración actual: necesitamos una reforma migratoria amplia.
Yo creo que para entender la respuesta de la Iglesia al tema de la inmigración, primero debemos entender el contexto dentro del cual la Iglesia trabaja. Es claro que la mitad de los habitantes del mundo viven en la pobreza y luchan por mantener su dignidad, salud, incluso su propia supervivencia. En nuestro hemisferio, dicha pobreza existe tanto en nuestro país, como también en México y Latinoamérica. En este hemisferio y en otras partes del mundo, los trabajadores emigran con el propósito de sostener a sus familias porque pueden encontrar mejor trabajo en otro lugar y porque normalmente reciben mucho más salario que en sus países de origen.
Esto sucede en los Estados Unidos. La gran mayoría de inmigrantes simplemente quieren trabajar, y trabajan duro y contribuyen a la economía americana. Ellos trabajan en importantes industrias de nuestra economía – agricultura, construcción y servicios – y en general contribuyen por medio de sus impuestos, poder de compra, y “justo esfuerzo”. Ellos aportan al sistema de ingresos, propiedades e impuestos sobre la venta y al sistema del Seguro Social cada año. De hecho, los inmigrantes indocumentados contribuyen setecientos (700) millones de dólares al sistema del Seguro Social, sin embargo, no se benefician de éste. Siendo un cinco por ciento (5%) de la fuerza laboral, ellos pagan hasta tres (3) billones de dólares en impuestos sobre la renta cada año, sin incluir impuestos sobre ventas e impuestos de la propiedad. Los estudios demuestran que por encima del curso de la vida de un inmigrante, contribuyen más de lo que consumen en servicios. Yo leí en el foro público del periódico Salt Lake Tribune hace algunos meses, una carta al editor muy interesante, de Caitlin Cahill, que dijo que los inmigrantes son gente que “vienen aquí con poco, trabajan por poco y piden poco…” Estoy completamente de acuerdo.
Resumiendo, nuestro sistema migratorio está obsoleto y mal equipado para acomodar el flujo migratorio que refleja esta nueva era de globalización, aquí presente y por todo el mundo. Por lo menos unos quinientos mil (500,000) inmigrantes sin estatus legal vienen a los Estados Unidos cada año, el cuarenta (40 %) por ciento al quedarse una vez que se han vencido sus visas. Aproximadamente, el noventa (90 %) por ciento obtienen trabajo en un período de seis meses. A pesar de estos números, nuestro sistema migratorio asigna solamente cinco mil (5,000) visas anuales para trabajadores laborales. Esto representa un sistema fracturado.
En vez de tratar de actualizar un sistema obsoleto basado en la ilegalidad con un sistema moderno basado en el estatus legal y migración legal, nuestro país ha adoptado un enfoque de control migratorio solamente, un enfoque que ha fallado y conlleva a más sufrimiento humano. Desde mil novecientos noventa y tres (1993), cuando nuestro país inició una serie de iniciativas de bloqueo fronterizo, hemos gastado cerca de treinta billones de dólares ($30 b.) en aplicación de la ley, triplicando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, y añadido ochenta (80) millas de barreras y muros a nuestra frontera. Durante este mismo período, el número de indocumentados se ha más que duplicado, de cinco (5) millones en mil novecientos noventa (1990) a casi doce (12) millones en la actualidad. Es evidente que esta fórmula aplicación de la ley por sí sola no funciona.
Como resultado de este sistema obsoleto, los inmigrantes, desesperados por sobrevivir y sostener a sus familias, se sienten forzados a entrar al país ilegalmente y, debido a su estatus de indocumentados, son sujetos al abuso, a la explotación y hasta la muerte en el desierto. De acuerdo a la Patrulla Fronteriza, más de tres mil (3,000) inmigrantes han muerto en desierto americano desde mil novecientos noventa y seis (1996). Las familias son continuamente separadas y en algunos casos nunca vuelven a reunirse.
En pocas palabras, nuestras normas de inmigración nacional no son consistentes, sino contradictorias. Mientras instalamos un letrero de “No Entre” en nuestra frontera, ponemos uno de “Se necesita ayuda” en nuestro lugar de trabajo. Esta práctica incongruente conlleva no solamente a la división y a la discordia en las comunidades estatales y locales – las cuales cargan con los costos iniciales de los recién llegados –sino también a la explotación, al abuso y hasta a la muerte de nuestros prójimos.
Ahora, con la falla de una reforma de inmigración amplia en el Congreso, vemos las redadas que separan a niños de sus padres y que inculcan el miedo en las comunidades de inmigrantes. Vemos a los policías estatales y locales dirigiéndose hacia los inmigrantes en vez de perseguir a los verdaderos criminales. Además, somos testigos de cómo las comunidades estatales y locales aprueban leyes designadas a echar fuera a los inmigrantes de estas áreas. Los inmigrantes indocumentados se han convertido en el tema de una retórica cruel de algunos, fomentando una atmósfera de cinismo y desolación, rebajándonos como personas y estimulando el racismo y la xenofobia.
Entonces, ¿cómo es que la Iglesia propone corregir un sistema tan injusto e inhumano? ¿Cuál es nuestra respuesta? Primero, veamos los cinco principios que rigen como la Iglesia percibe las leyes de inmigración y el sistema migratorio. Estos provienen de la carta pastoral conjunta, Juntos en el Camino de la Esperanza: Ya no Somos Extranjeros, una colaboración conjunta de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y México, publicada en el dos mil tres (2003).
1) Las personas tienen derecho a encontrar oportunidades en su tierra natal
Este principio señala que una persona tiene el derecho a no inmigrar. En otras palabras, las condiciones económicas y políticas en sus países de origen deben proveer oportunidades para que una persona trabaje y sostenga a su familia con dignidad y seguridad. Dentro de las normas de política pública, se deben dirigir los esfuerzos a las desigualdades económicas globales a través de prácticas de comercio justas, desarrollo económico, y asistencia a la deuda. Deben hacerse esfuerzos para fomentar la paz para acabar el conflicto que lleva a las personas a abandonar sus hogares.
Hace algunos años, tuve la conmovedora experiencia, y a su vez triste, de visitar a los refugiados en Burma al norte de Tailandia. En el área de Mae Hong Son había miles de estos refugiados, muchos de los cuales han estado allí desde mediados de los ochenta (1980). Cuando les preguntamos si les gustaría ser trasladados a los Estados Unidos, muchos dijeron “NO”. Ellos esperaban que las cosas cambiaran en lo que ahora se llama Myanmar, para poder regresar a sus casas. Después de todos esos años en condiciones de campamento primitivas, todavía anhelaban regresar a sus casas y a sus granjas.
La gente, aunque tengan la oportunidad, a menudo quiere permanecer en sus casas, un derecho inalienable de los seres humanos.
2) Las personas tienen el derecho de emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias
Cuando las personas no pueden conseguir un empleo que les permita obtener la manutención propia y de sus familias, tienen el derecho de emigrar a otros países y trabajar. Este derecho no es absoluto, desde que el Papa Juan veintitrés (XXIII) declaró que este derecho aplica cuando “existen las razones justas para hacerlo”. Sin embargo, en las condiciones actuales del mundo, donde la pobreza global está desenfrenada, los inmigrantes que dejan sus hogares y arriesgan sus vidas para entrar a una nación, están buscando el sobrevivir y mantener a familias, una justa razón para emigrar. Este principio confirma la posición de la medida pública de la Iglesia en apoyo de la legalización de las personas indocumentadas.
Durante ese mismo viaje que acabo de mencionar, también fuimos al Noreste de China a visitar a los refugiados de Corea del Norte. Aunque no pudimos reunirnos con ellos oficialmente, por temor a su seguridad, hablamos con el pastor de la iglesia local, quien recién salía de su arresto por ayudarlos. El nos contó que las condiciones eran abismales en Corea del Norte y que miles de refugiados se arriesgaban a la muerte, a largas sentencias en prisión, y a trabajos pesados con el fin de huir del hambre, la desesperación y la persecución que vivían en su país. Es cierto que ellos técnicamente estaban quebrantando las leyes tanto de Corea del Norte como de China, pero estaban ejerciendo el derecho que Dios les ha dado de emigrar, especialmente si ciertamente tenían las “razones justas”.
3) Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras
La Iglesia reconoce que todo Estado soberano posee el derecho de salvaguardar y controlar sus fronteras para el bien común de sus ciudadanos. Sin embargo, esto no es un derecho absoluto. Las naciones también tienen una obligación del bien común universal, como lo expresó el Papa Juan veintitrés (XXIII) en Pacem in Terris (Paz en la Tierra), y por tanto deben buscar la forma de dar cabida a la inmigración en la mayor medida posible.
Las naciones cuyo poderío económico sea mayor, como los Estados Unidos, tienen una obligación mayor de servir al bien común universal. En el ambiente global actual, en el que existen trabajos en los Estados Unidos que los inmigrantes pueden llenar, los Estados Unidos debe establecer un sistema migratorio que provea los medios legales para que las personas puedan entrar al país legalmente de una manera segura, ordenada y digna. En otras palabras, de acuerdo al punto de vista de la Iglesia, las naciones están obligadas a ejercer sus derechos de estados soberanos con compasión y prudencia, buscando obtener el bien común que vaya más allá de las fronteras de cualquier país.
4) Debe protegerse a los que buscan refugio y asilo
A las personas que huyen de sus países de origen porque temen la persecución se les debe dar un lugar seguro y protección en otro país. Los conflictos y disturbios políticos en muchas partes del mundo obligan a las personas a dejar sus hogares por miedo a la muerte o a que se les haga daño. Los Estados Unidos deben emplear un sistema de refugio y asilo que no levante altas barreras que impidan que las personas obtengan seguridad en nuestro país.
5) Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes indocumentados
Las personas que entran a un país sin permiso deben ser respetadas y tratadas con respeto y dignidad. No deben ser detenidas bajo condiciones deplorables por periodos largos, ni ser esposados de los pies o manos, o ser abusados de ninguna manera. Se les debe facilitar el proceso legal adecuado y permitirles expresar ante un juez idóneo el miedo que tengan de regresar a sus lugares de origen. No se les debe culpar por los trastornos sociales de una nación.
Estos principios amplios pero aún así básicos, proveen un marco general para el desarrollo de una política de inmigración razonable y justa. Si bien estos principios no generan reglamentos detallados, sí proveen una lente por medio de la cual las medidas propuestas pueden ser juzgadas y evaluadas.
El reto es siempre trasladarse de los principios generales a una política concreta. Con frecuencia se requiere conciliar derechos en tensión con otros.
Por ejemplo, ¿cómo es que, por un lado, una persona tiene el derecho de migrar debido a la necesidad económica o para proteger su vida o la de su familia, y por otro lado, un estado soberano tiene el derecho de controlar sus fronteras? ¿Acaso no se contradicen estos principios?
La respuesta cae en el hecho de que ninguno de estos derechos son absolutos. Ellos deben estar balanceados por varios factores incluyendo la capacidad del país que los recibe, de acoger a los inmigrantes, y la del país de origen del inmigrante de proveer oportunidades económicas. Aún así, un país con poder y estabilidad económica como los Estados Unidos podría tener una mayor obligación de recibir a los inmigrantes que un país vecino más pobre y menos desarrollado. Son dos los factores que deben definir nuestra respuesta: primero, la capacidad de los Estados Unidos de aceptar a los inmigrantes, y; en segundo lugar, el reconocer que nuestra economía necesita y se beneficia de esta fuerza laboral de inmigrantes. Simplemente no es justo, cosechar los grandes beneficios de una fuerza laboral de inmigrantes sin compensar a estos trabajadores con la oportunidad de regularizar su estatus.
En el intento de reformar un sistema fracturado, ¿qué soluciones, qué respuesta ofrece la Iglesia, que concuerden con estos principios?
Ya que la inmigración es una realidad global, la Iglesia favorece una solución global. Primero, necesitamos examinar las raíces que causan la inmigración y analizar como las normas económicas y de comercio de los Estados Unidos influyen el despegue económico. A largo plazo, también debemos considerar cómo pueden generarse empleos con salarios en las “comunidades enviadoras”. Los inmigrantes, en general, prefieren permanecer en sus comunidades locales para sostenerse a sí mismos y a sus familias.
Los flujos migratorios deberían determinarse por elección, no por necesidad.
En segundo lugar, la Iglesia nos llama a abordar y actualizar ampliamente el fracturado sistema migratorio de los Estados Unidos. La Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos -- (USCCB)- por sus siglas en inglés) --, cree que una reforma migratoria significativa debe balancear apropiadamente el derecho de migrar y el derecho de regular la migración. Por eso, la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos se opone a las normas de sólo “control migratorio” porque no toman en cuenta el derecho a migrar.
En su lugar, la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) apoya normas de inmigración “amplia” que equiparen leyes de seguridad válidas con medidas de leyes justas y generosas.
Los Obispos Católicos de los Estados Unidos han enumerado varios elementos de su propuesta para una reforma migratoria amplia. Los elementos principales de la reforma migratoria amplia considerada por los Obispos son:
Obtener la Legalización: Un programa para obtener la legalización que conduzca a la ciudadanía, demandaría a los trabajadores no autorizados a trabajar por varios años, tomar cursos de inglés, y pagar una multa para poder participar en el programa. Dicho programa ayudaría a estabilizar la fuerza laboral, promover la unidad familiar, y sacar a una gran población, “fuera de las sombras”, e integrarla como miembros de sus comunidades.
Políticas de control migratorio: Los Obispos apoyan el papel legal e importante del gobierno de los Estados Unidos en hacer cumplir las leyes de inmigración en la frontera y en el interior. Los Obispos también creen que al reemplazar la inmigración ilegal por la inmigración legal, la aplicación de la ley estaría mejor capacitada para enfocarse en aquellos que en realidad constituyan una amenaza para la seguridad pública: traficantes de drogas y de humanos, contrabandistas y posibles terroristas. Cualquier medida legal debe tener un objetivo, debe ser proporcional y humana.
Programa de Trabajadores: Un programa de trabajadores que permita a trabajadores extranjeros entrar al país de manera segura y legal ayudaría a reducir la inmigración ilegal y la pérdida de vidas en el desierto americano. Cualquier programa debe incluir protección en el lugar de trabajo, niveles de salario para ganarse la vida, protección contra el desplazamiento (sustitución) de trabajadores de los Estados y la unidad familiar.
Reforma de inmigración basada en la unidad familiar: Actualmente toma años para que los miembros de una familia puedan reunirse a través de un sistema legal de inmigración basado en la unidad familiar. Esto conlleva al rompimiento de la familia, y en algunos casos, a la inmigración ilegal. Los cambios en un sistema migratorio basado en la unidad familiar deben hacerse para aumentar el número de visas disponibles para familias y reducir el tiempo de espera para reunificar a las familias.
Causas Profundas de la Migración: El Congreso debe examinar las causas profundas que causan la inmigración, tales, como salarios desequilibrados y la falta de oportunidades de trabajo en los países de origen y buscar soluciones a largo plazo. El antídoto al problema de inmigración ilegal es un desarrollo económico de apoyo en los países de origen. Idealmente, los flujos migratorios deberían ser determinados por una decisión, y no por una necesidad.
La Restauración de los Derechos del “Proceso Debido”:
Los derechos del “proceso debido” eliminado por el Decreto de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996, deben ser restaurados, particularmente el uso de discreción judicial y en los procedimientos de deportación.
Por supuesto, los críticos llaman una parte de esta prescripción “amnistía”. Me gustaría discutir esta afirmación, ya que parece resonar en algunas partes de la población Americana. Primero, debemos considerar si un camino merecido a la ciudadanía es en sí, una amnistía, lo que significa, de acuerdo al Diccionario Webster, “el acto de perdonar, un perdón general a las ofensas de sujetos en contra del gobierno.” Al solicitar por lo menos de seis o más años de trabajo, el pago de gravámenes y multas, al igual que el dominio del idioma inglés, no estamos perdonando u otorgando un perdón general. Estamos demandando una multa por una ofensa. El principio de “la norma de la ley”, bajo la cual nuestra democracia está basada, se mantiene porque los agresores pagan una multa y permanecen responsables a la ley.
Algunos argumentarán que las penalidades impuestas en el programa de ciudadanía merecida son insignificantes y no son proporcionales a la ofensa. Ellos también sugieren que son irrelevantes porque, al final del programa, un individuo es elegible para la ciudadanía y por lo tanto recibe un “premio por quebrantar la ley”.
Con mucho respeto, no estoy de acuerdo.
Al exigir un castigo en nuestro país, las cortes y las legislaturas consideran tanto el intento de quebrantar la ley como el efecto de quebrantar la ley. En el caso del inmigrante, la intención es la de trabajar y apoyar a su familia y el efecto es que este trabajo ayuda a nuestra economía. El intento no es el de dañar y el efecto es el de ayudar, por lo tanto, mitiga la penalidad. En cuanto al arduo camino hacia la ciudadanía que las personas han de tomar, los individuos deben esperar al final de la línea, y bajo muchas propuestas, tienen que esperar de once (11) a trece (13) años antes de ser elegibles para dicha ciudadanía.
Yo diría que queremos americanos dispuestos a sacrificarse por el valor de la ciudadanía, un valor que muchos americanos no aprecian. Mas aún, la ciudadanía que Estados Unidos otorga, lleva consigo todos los derechos en la sociedad- esto es un sello en nuestra democracia.
Al considerar la penalidad por inmigración ilícita, también debemos considerar si la ley que han quebrantado es en sí una ley justa. Esto también debería mitigar la penalidad impuesta. En la historia de los Estados Unidos, hemos promulgado e implementado algunas leyes injustas, incluyendo leyes que han discriminado contra cierto tipo de personas, basadas en la raza, género, y lugar de origen. Cada enero celebramos el Día de Martin Luther King, Jr. En unas cartas que el Doctor King escribió desde una celda en Birmingham, él detalla que una ley injusta — aquella que viola la dignidad humana de la persona, -- ha de producir desobediencia civil.
Aunque yo no estoy promoviendo dicho tipo de acción en este caso, me gustaría argumentar que nuestras leyes actuales de inmigración son al igual injustas: empleamos y aceptamos la mano de obra y los pagos de impuestos de los indocumentados, pero les negamos protección por parte de la ley.
Moralmente, no podemos estar entre ambos. No es tanto una cuestión de los inmigrantes rompiendo las leyes, sino una cuestión de que las leyes de inmigración están descompuestas y necesitan repararse.
Permítanme señalar otra crítica que está dirigida a aquellos que favorecen una reforma amplia, incluyendo críticas a la Iglesia. Simplemente porque no apoyamos únicamente un enfoque de control migratorio- al problema de inmigración ilegal no quiere decir que apoyamos “fronteras abiertas” o que no apoyamos los esfuerzos en proteger a nuestro país. De hecho, creemos que un enfoque amplio sería de mejor ayuda para proteger nuestra nación.
Primero, sacaría a la población indocumentada de las sombras al ofrecerles estatus legal, pidiéndoles que se identifiquen ellos mismos al gobierno. ¿No es mejor saber quiénes están dentro de nuestro país, para que así distingamos aquellos que están aquí para trabajar y buscar el sueño Americano, de aquellos que están aquí para propósitos nefastos?
Segundo, crearía vías legales para que los inmigrantes entraran de una manera segura y ordenada, para que supiéramos quiénes entran a nuestro país, y con qué propósito. Las vías legales para la inmigración también reducirían la presión de nuestras fronteras sureñas, permitiendo a los agentes de la ley enfocarse en los contrabandistas de drogas, traficantes de personas, y otros elementos criminales y terroristas.
Aún más, el control migratorio de las leyes de los Estados Unidos NO debe ser conducido de una manera que atente contra la dignidad humana básica. Las redadas impuestas, por ejemplo, fallan esta prueba, ya que separan a los padres de sus hijos y alejan a las comunidades de inmigrantes. Las redadas que se han llevado a cabo en nuestro país en los últimos años han sido horribles por no decir más.
Nosotros experimentamos estas redadas dos veces en Utah, una trágicamente pasó el doce (12) de Diciembre del dos mil seis (2006), en el día de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente ese día!! En estas redadas, cientos de inmigrantes sin la documentación apropiada fueron deportados a sus países de origen. Los niños regresaron a sus casas vacías. Es muy difícil imaginar el miedo y la ansiedad de padres e hijos al tratar de descifrar lo que estaba pasando.
El lazo sagrado entre padre e hijo debe ser honrado y no ser utilizado como un garrote que, de hecho, no hace nada para mejorar la situación en ningún sentido.
Nosotros no cuestionamos el derecho del gobierno a cumplir con las leyes pero si censuramos las redadas porque son inefectivas e inhumanas.
En este caso, una reforma migratoria amplia también tiene el beneficio de proteger a las familias, que es la piedra angular de la posición de la Iglesia. Al legalizar a la población indocumentada, las familias se mantienen unidas, proporcionando así, estatus legal a todos los miembros de la misma. Por lo menos un cincuenta y dos por ciento (52 %) de las familias inmigrantes tienen un estatus “mixto”, en el cual por lo menos un miembro de la familia es indocumentado — en muchos casos, los padres no tiene el estatus legal mientras que los hijos son ciudadanos americanos. Por lo tanto, la reforma previene la separación de las familias por acciones de cumplimiento de la ley severas. La reforma de nuestro sistema migratorio familiar aseguraría que las familias se reunieran más rápidamente. Actualmente, un Mexicano con residencia legal permanente debe esperar por lo menos diez (10) años a través del sistema migratorio para traer a su esposa e hijos a los Estados Unidos. Estas largas esperas motivan la migración indocumentada y la pérdida de madres y niños en el desierto de Sonora.
Un enfoque al debate migratorio acorde con la riqueza de la tradición Católica, respeta la dignidad humana de nuestro prójimo, no los hace chivos expiatorios de nuestros problemas sociales y no confronta una comunidad contra otra. Muy a menudo, escuchamos y vemos, en la televisión por cable, en la radio, y en nuestras calles, voces de miedo y rebelión que deshumanizan a los inmigrantes. La comunidad de fe, en particular, debe denunciar estas voces divisoras con el fuerte mensaje de que los inmigrantes que vienen a este país son iguales ante los ojos de Dios, trabajan duro, comparten los valores Americanos, y aman y adoran a Dios como nosotros.
Por algún tiempo ya he estado hablando sobre la respuesta de la Iglesia a la crisis migratoria en nuestro país y el mundo. Pero ustedes y yo somos la Iglesia. ¿Qué podemos hacer, prácticamente, para responder a las preguntas de inmigración y a los mismos inmigrantes? ¿Qué pueden hacer ustedes en sus parroquias y comunidades de fe? Permítanme sugerirles algunas posibilidades.
Primero que todo es importante saber los problemas. Es importante saber lo que están confrontando las familias, ya sean redadas, procedimientos de deportación, separación de familias, falta de estatus legal o lo que sea. No tenemos que ser expertos en la materia, pero sí debemos estar versados en el tema. Debemos estar familiarizados con los documentos de la Iglesia y con la posición del gobierno. Especialmente útil es el conocer la teología en la que sea apoya nuestra posición. Un excelente trabajo que acaba de salir es A Promised Land, A Perilous Journey: Theological Perspectivas on Migration, publicado por Daniel G. Groody y Gioacchino Campese. Y debemos también saber a quién acudir por ayuda. La Campaña de Justicia para los Inmigrantes de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos es un excelente recurso como también lo es la Red de Inmigración Legal Católica conocida como CLINIC.
Además, debemos conocer no sólo los hechos sino también a los inmigrantes. Pasar tiempo con ellos, escuchar sus historias y andar con ellos nos da una perspectiva que la mayoría de los ciudadanos no tienen. De esta manera, podemos apoyar al inmigrante con credibilidad y simpatía.
Segundo, debemos ser una voz para los inmigrantes. Ellos no pueden hablar por sí mismos, pero nosotros podemos hablar por ellos. Ya sea desde el púlpito o en el salón parroquial, tenemos oportunidad de educar, retar y, quizás, cambiar los corazones. En este aspecto es importante usar el mensaje correcto. El Servicio de Inmigración y Refugiados, de la Conferencia de los Obispos Católicos, actualmente está buscando la mejor forma de comunicar el tema de la inmigración, para que ustedes no reciban respuestas difíciles de parte de sus feligreses. Podemos ofrecerles notas para las homilías, papeletas informativas para insertar en el boletín, y otros materiales que pueden usar en sus parroquias. La Semana Nacional de la Inmigración, durante la primera semana de enero, es una buena oportunidad para usar estos materiales. Deberán recibir un paquete sobre esta Semana Nacional de Inmigración muy pronto con estos útiles materiales.
Quizás la mejor forma de hablar de inmigración es a través del ejemplo, asegurándose de que todos los grupos de inmigrantes sean bienvenidos en sus parroquias. Dando un tono de apertura, patrocinando grupos de discusión, invitando al consejo parroquial a tratar temas de inmigración, encabezando campañas para recolectar ropa y comida y creando grupos de lectura y discusión sobre estos temas de inmigración, son solamente algunas de las formas de crear una parroquia de apertura y recibimiento, que dé la bienvenida al forastero entre nosotros.
Tercero, podemos abogar por el inmigrante. Debemos hacer que nuestras voces sean escuchadas por aquellos en el poder. Muy a menudo, las voces más altas son aquellas que producen miedo, odio y recelo. Estas voces estridentes les dicen a nuestros oficiales electos que estamos siendo inundados por olas, enjambres y multitudes de inmigrantes, todas éstas, palabras que expresan desorden, malestar y calamidad. Debemos contraponernos a estos reclamos agudos y falsos con voces de razonamiento y esperanza. Ésta es la clase de apoyo activo que puede hacer voltear las cabezas y corazones de nuestros líderes y darles la confianza que necesitan para que se produzca una verdadera y amplia reforma migratoria.
Finalmente, debemos orar. Ya sea en Misa o en casa, en el salón de clases o en el salón social, debemos alzar nuestras voces en oración, pidiéndole a Aquél mismo que huyó de la violencia de su tierra natal para acompañar a quienes iban en el camino de la esperanza.
Yo creo que ustedes y yo somos llamados para ser verdaderos mediadores, ayudando a nuestra nación a encontrar el terreno en común. La Iniciativa del Terreno en Común del Cardenal Bernardin nos recuerda que aún los puntos de vista diametralmente opuestos pueden reconciliarse en alguna forma. Reconociendo que no existe un punto de vista que tenga monopolizada la verdad, asumiendo la buena fe hasta que se pruebe lo contrario, buscando entender verdaderamente la posición del otro, y teniendo cuidado de no imputar motivaciones, puede ayudarnos a encontrar el terreno común que conlleve al bien común.
El debate de inmigración nos tiene en desacuerdo sobre los temas legales y económicos. Vemos a los inmigrantes a través de diferentes lentes, algunos ven peligro, otros ven esperanza. Hay quienes se sienten seguros con soluciones simples y mensurables y otros que prefieren involucrarse en la complejidad del debate. Para algunos, el inmigrante es un símbolo de peligro y amenaza, y para otros, la razón de un futuro seguro. Mientras que hay quienes creen que los inmigrantes han causado su propio sufrimiento, existen otros que se ven a sí mismos como los compañeros de la jornada, llamados a ayudar a aquellos que encuentran en el camino. Sin embargo, a pesar de estas diferencias aparentemente sin solución, no debemos cansarnos de buscar el bienestar común. Ese terreno común puede ser simplemente el darse cuenta de que todos vamos en un mismo viaje en esta vida y que estamos más cerca de alcanzar nuestra meta si nos ayudamos los unos con otros, en vez de tratar de realizarlo solos.
Una reforma migratoria amplia es el primer paso en esa jornada hacia el terreno común donde podamos vivir y trabajar juntos de una forma que vaya acorde con un país que se llama unido.
Para concluir, me gustaría que recordáramos a dos seguidores desilusionados de aquél que se decía el Mesías, caminando desde Jerusalén a sus casas en Emaús. Ellos conocieron a alguien que les fascinó por su conducta serena y un increíble conocimiento de las Escrituras. El habló extensamente acerca de la misma persona que ellos seguían, pareciendo tener una intimidad inexpresable con él. Cuando atardecía el día y la noche se acercaba, invitaron al forastero a quedarse a comer con ellos. Y fue alrededor de la mesa de hospitalidad, que reconocieron a Jesús al partir el pan. Estamos llamados a hacer nada menos que eso. Estamos llamados a dar la bienvenida al forastero entre nosotros, a escuchar sus historias, y a invitarlos a nuestra mesa. Cuando lo hagamos, volveremos nuevamente a reconocer a Jesús entre nosotros. Yo creo que cuando ya todo esté dicho y hecho, y a pesar de lo que algunos digan, siempre habrá espacio en la mesa del banquete. Ciertamente nunca es demasiado tarde para abrir nuestras puertas y ofrecer a aquellos que toquen, — una comida caliente.
Muchas gracias por su atención.
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The Catholic Church Responds to
The Immigration Crisis in the United States of America
Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos
Wednesday, October 15, 2008
Most Reverend John C. Wester
Bishop of Salt Lake City
Before I begin my remarks today, I would like to thank Monsignor Heberto Diaz for his kind invitation to participate in this important conference on immigration. I commend you for focusing your attention on this vital issue in our country, indeed in our world, today. I deeply admire you all for what you are doing to welcome and support the stranger in our midst. I pray that my talk will add in some small way to your discussions and deliberations this week.
In speaking about immigrants or people on the move, I am reminded of a little anecdote regarding a grammar school Christmas pageant. This story involves a little first grader who was selected to play the part of the innkeeper in his school’s Christmas play. He practiced day and night, although he only had two short lines, “There’s no room in the inn. Go away!” (repeat) His parents were very patient and he was the best-prepared actor ever! The night of the performance, Joseph and Mary knocked on the door and his moment came. “There’s no room in the inn,” he shouted, “but why don’t you come in anyway and have dinner!” Well, it brought the house down!
There is a wonderful instinct in that little guy. A marvelous sense of hospitality, compassion and warmth all rolled into one loving embrace. I believe that we human beings come by that naturally. We are social creatures and we are by nature interested in each other and even caring of each other. But what happens to that instinct? Where does it go as we mature? Where do the fences come from? All of a sudden, we hear, “not in my backyard” or “I was here first” or “welcome to such and such a place, now go home” or “certain people need not apply.”
A friend of mine recently summed it up well. She said that, as a country, we do not open our arms to strangers as widely as we used to. Whatever the reason, the mood in our country has changed and yet, I believe one could make the case that we are more prosperous, more powerful, more gifted now than ever before in our history, even though these last weeks certainly point to serious flaws in our economic system. Do Emma Lazarus’ words, engraved on the base of the stature of liberty, ring true today? “Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free…”
There is no doubt in my mind that immigration is one of the most important social issues facing our country and our world today. It affects not only a few States along the border or our big cities—it impacts virtually every community in our nation. This is much different from twenty or thirty years ago. Since that time, our nation has experienced an unprecedented wave of immigration. How we handle immigration now will determine the future of our country—and the type of country we are—for thetwenty-first century.
I have been asked to speak on the Catholic Church’s response to the immigration crisis our country: the “what” of our response. You already know well the reasons why the Church is so intimately involved in this question. There are numerous scriptural passages that cause us to speak to this issue, none more poignant than those referring to Christ himself as a refugee and as an itinerant preacher. There is a rich history of papal encyclicals that spurs us to respond to the question of immigration as well as many fine documents emanating from the USCCB and other Episcopal conferences, especially our joint work with Mexico, that call us to action. Such a response is only natural since we are truly an immigrant church in a country of immigrants.
And as a church, we are indeed very intimately involved in the immigration experience. As pastors, educators, and social service providers, we are painfully aware of the plight of immigrants. We are approached for legal, pastoral, social and emotional assistance on a daily basis. Sadly, we witness families being separated, migrant workers being exploited, and families mourning the death of loved ones who die on their journey to the United States. The Church is present at every point of migration —in the “sending communities,” along the route, along the border, and in receiving communities. Catholics are involved in migration as elected officials, border patrol agents, service providers, and as migrants. We have an obligation to show leadership on this issue so that our country can find a just solution to the immigration crisis.
In short, the Church has a great deal of experience with migration, and thus much to offer in understanding this complex reality. Unlike many commentators and contributors to the debate, we see it from a global perspective, which informs our view and the solutions we offer and support. We are a universal institution and unlike other commentators, we do not see the issue only in economic, social, or cultural terms. To the Church, the immigration issue is primarily a humanitarian one. Because it affects the human rights, human dignity, and the lives of millions of human beings, it has moral implications and must be viewed through a moral lens.
Moreover, the recent renewal of the Bishops’ Pastoral Letter Faithful Citizenship gives yet another perspective as to why the Church is involved in the public debate on the issue of immigration. Paragraph thirteen reads:
In the Catholic Tradition, responsible citizenship is a virtue, and participation in political life is a moral obligation. This obligation is rooted in our baptismal commitment to follow Jesus Christ and to bear Christian witness in all we do. As the Catechism of the Catholic Church reminds us, “It is necessary that all participate, each according to his (or her) position and role, in promoting the common good. This obligation is inherent in the dignity of the human person…As far as possible citizens should take an active part in public life” (nos. 1913-1915).
And in the following paragraph of the same document, we read that “[t]he Catholic call to faithful citizenship affirms the importance of political participation and insists that public service is a worthy vocation.”
Clearly, then, the Catholic Church is right in the thick of the immigration conversation, or debate if you prefer, in the United States. The Church believes that the United States current immigration system has an adverse impact on the rights, dignity, and lives of human beings and must be reformed. This, then, is the central piece of the Church’s response to the immigration dilemma today: we need comprehensive immigration reform.
I believe that to understand the church’s response to the immigration issue, we must understand the context within which the church is working. It is clear that half of the earth’s inhabitants live in poverty and struggle to maintain their dignity, health, indeed their very survival. In our hemisphere, such poverty exists in our country as well as in Mexico and Latin America. In this hemisphere and other parts of the world, workers migrate in order to support their families because they can find work elsewhere and normally make much more in wages than in their home country.
This is true in the United States. The overwhelming majority of migrants simply want to work, and they work hard and contribute to the American economy. They labor in important industries in our economy—agriculture, construction, and service – and overall contribute through their taxes, purchasing power, and “sweat equity.” They pay into the income, property, and sales tax system and into the Social Security system every year. In fact, undocumented immigrants pay $700 million into the Social Security system each year yet do not benefit from it. As five percent of the workforce, they pay as much as $3 billion in income taxes each year, not including sales and property taxes. Studies show that over an immigrants’ lifetime, they contribute more than they consume in services. I read in the Tribune’s public forum a few months ago an interesting letter to the editor from Caitlin Cahill who said that immigrants are people “who come here with little, work for little and ask for little…” I quite agree.
In short, our immigration system is outmoded and ill-equipped to accommodate the migration flows that reflect this new era of globalization, present here and all over the world. As many as 500,000 migrants without legal status come to the United States each year, 40 percent by overstaying their visas. Approximately 90 percent obtain work within six months. Despite these numbers, our immigration system allots only 5,000 immigrant visas each year for low-skilled workers. This represents a broken system.
Instead of trying to update an outmoded system based on illegality with a modern system based upon legal status and legal migration, our nation has employed an enforcement-only approach, an approach that has failed and led to more human suffering. Since 1993, when our nation commenced a series of border blockade initiatives, we have spent close to $30 billion on enforcement, tripled the number of Border Patrol agents, and added 80 miles of fencing and barriers to our border. During the same period, the number of undocumented persons has more than doubled, from 5 million in the 1990 census to almost 12 million today. It is clear that an enforcement-only prescription does not work.
As a result of this outmoded system, migrants, desperate to survive and support their families, are compelled to enter the country illegally and, because of their undocumented status, become subject to abuse, exploitation, and even death in the desert. According to the Border Patrol, over 3,000 migrants have died in the American desert since 1996. Families are continually separated and in some cases are never reunited.
In short, our national immigration policies are not consistent, but contradictory. While we post a “no trespassing” sign at our border, we erect a “help wanted” sign at the workplace. This incongruent policy leads not only to division and discord in state and local communities – which must bear the initial costs of new arrivals – but also to the exploitation, abuse, and even death of our fellow human beings.
Now, with comprehensive immigration reform having failed in Congress, we see enforcement raids that separate children from their parents and strike fear in immigrant communities. We see state and local law enforcement targeting immigrants instead of pursuing real criminals. In addition, we witness state and local communities passing laws designed to drive immigrants from these areas. Undocumented immigrants have become the subject of harsh rhetoric by some, fomenting an atmosphere of cynicism and despair, lessening us as a people and fanning the flames of racism and xenophobia.
So, how does the Church propose to correct such an unjust and inhumane system? What is our response? First, let us look at five principles that govern how the Church looks at immigration law and the immigration system. These come from a joint pastoral letter, Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope, from the Catholic Bishops of the United States and Mexico, released in 2003.
1) Persons have the right to find opportunities in their homeland
This principle states that a person has a right not to migrate. In other words, economic and political conditions in their homeland should provide an opportunity for a person to work and support his or her family in dignity and safety. In public policy terms, efforts should be made to address global economic inequities through just trade practices, economic development, and debt relief. Peacemaking efforts should be advanced to end conflict that forces persons to flee their homes.
Several years ago I had the moving and yet sad experience of visiting Burmese refugees in northern Thailand. In the Mae Hong Son area there were thousand of these refuges, many of whom have been there since the mid 1980’s. When we asked them if they would like to relocate in the United States, many said “no.” They were waiting for things to change in what is now called Myanmar so they could go back home. After all those years in primitive, camp conditions, they still yearned to return to their homes and farms. People, given the opportunity, most often want to remain home, an inalienable right of all human beings.
2) Persons have the right to migrate to support themselves and their families
When persons are unable to find work and support themselves and their families, they have a right to migrate to other countries and work. This right is not absolute, since Pope John XXIII stated that this right applies when “there are just reasons for it.” However, in the current condition of the world, in which global poverty is rampant, migrants who leave their homes and risk their lives to enter a nation are seeking to survive and support their families, a just reason for migration. This principle supports the public policy position of the Church in support of the legalization of undocumented persons.
During that same trip I mentioned just a bit ago, we also went to Northeastern China to visit North Korean refugees. Although we could not meet with them officially out of fear for their safety, we talked to the local parish priest, himself just coming off house arrest for assisting them. He told us the conditions were abysmal in North Korea and that thousands of refugees were risking death or long prison sentences and hard labor in order to flee the hunger, despair and persecution they were experiencing in their country. It is true that they were technically breaking the laws of both North Korea and China but they were exercising a God given right to migrate, especially since they certainly had “just reasons.”
3) Sovereign nations have a right to control their borders
The Church recognizes the right of the sovereign to protect and control its borders in the service of the common good of its citizens. However, this is not an absolute right. Nations also have an obligation to the universal common good, as articulated by Pope John XXII in Pacem in Terris, and thus should seek to accommodate migration to the greatest extent possible. Powerful economic nations, such as the United States, have a higher obligation to serve the universal common good. In the current global environment, in which there are jobs in the United States that immigrants fill, the United States should establish an immigration system that provides legal avenues for persons to enter the nation legally in a safe, orderly, and dignified manner. In other words, according to the Church’s view, nations are obligated to exercise their right of sovereignty with compassion and prudence, seeking to achieve a common good that goes beyond any one country’s borders.
4) Refugees and asylum seekers should be afforded protection
Persons who flee their home countries because they fear persecution should be afforded safe haven and protection in another country. Conflict and political unrest in many parts of the world force persons to leave their homes for the fear of death or harm. The United States should employ a refugee and asylum system that does not erect high barriers to prevent persons from obtaining safety in our country.
5) The human rights and the human dignity of undocumented migrants should be respected
Persons who enter a nation without permission should be treated with respect and dignity. They should not be detained in deplorable conditions for lengthy periods, shackled by their feet and hands, or abused in any manner. They should be afforded due process of the law and allowed to articulate a fear of return to their home before a qualified adjudicator. They should not be blamed for the social ills of a nation.
These broad yet basic principles provide a general framework for the development of a fair and just immigration policy. While these principles do not yield detailed legislation, they do provide a lens through which proposed measures can be judged and evaluated. The challenge is always in moving from general principles to concrete policy. Often times, it requires reconciling rights that are held in tension with one another.
For instance, how is it that, on the one hand, a person has a right to migrate out of economic necessity or to protect his life and that of his family and, on the other hand, a sovereign nation has the right to control its borders? Do these principles not conflict?
The answer lies in the fact that neither of these rights is absolute. They must be balanced by several factors including the ability of the receiving country to receive immigrants and that of the immigrant’s home country to provide economic opportunity. Still, a more powerful and stable economic country like the United States may have a higher obligation to receive immigrants than a poorer, less developed neighbor. Two factors should shape our response: first, the capacity of the United States to accept immigrants, and; secondly, recognition that our economy needs and benefits from this immigrant labor force. To reap such tremendous benefits from an immigrant labor force without reciprocating with opportunities for those workers to regularize their status is not just.
In attempting to reform a broken system, what policy solutions, what response, does the Church offer that comport with these principles?
Since immigration is a global reality, the Church favors a global solution. First, we need to examine the root causes of migration and analyze how U.S. economic and trade policies influence economic flight. Over the long term, we also must consider how living wage employment can be generated in “sending communities.” Migrants, overall, would prefer to remain in their home communities to support themselves and their families. Migration should be driven by choice, not necessity.
Second, the church calls us to comprehensively address and update the broken U.S. immigration system. The United States Catholic Bishops Conference (USCCB) believes that meaningful immigration reform must properly balance the right to migrate and the right to regulate migration. Thus, the USCCB opposes “enforcement only” immigration policies because they lack proper accommodation of the right to migrate. Instead, the USCCB supports “comprehensive” immigration policies that pare valid enforcement laws with fair and generous legalization measures. The U.S. Catholic Bishops have outlined various elements of their proposal for comprehensive immigration reform. The key elements of comprehensive reform advocated by the Bishops are:
Earned Legalization: An earned legalization program with a path to citizenship would require unauthorized workers to work for several years, take English courses, and pay a fine in order to participate in the program. Such a program would help stabilize the workforce, promote family unity, and bring a large population “out of the shadows,” as members of their communities.
Enforcement: The Bishops support the legitimate and important role of the United States government in enforcing immigration law at the border and in the interior. The Bishops also believe that by replacing illegal migration with legal migration, law enforcement will be better able to focus upon those who truly threaten public safety: drug and human traffickers, smugglers, and would-be terrorists. Any enforcement measures must be targeted, proportional, and humane.
Future Worker Program: A worker program to permit foreign-born workers to enter the country safely and legally would help reduce illegal immigration and the loss of life in the American desert. Any program should include workplace protections, living wage levels, safeguards against the displacement of U.S. workers, and family unity.
Family-based immigration reform: It currently takes years for family members to be reunited through the family-based legal immigration system. This leads to family breakdown and, in some cases, illegal immigration. Changes in the family-based immigration should be made to increase the number of family visas available and reduce family reunification waiting times.
Addressing Root Causes: Congress should examine the root causes of migration, such as wage inequities and the lack of job opportunities in sending countries, and seek long-term solutions. The antidote to the problem of illegal immigration is sustainable economic development in sending countries. Ideally, migration should be driven by choice, not necessity.
Restoration of Due Process Rights: Due process rights taken away by the 1996 Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA) should be restored, particularly the use of judicial discretion in deportation proceedings.
Of course, critics call part of this prescription an “amnesty.” I would like to address that assertion, since it seems to resonate among some portions of the American public. First, we must consider whether an earned path to citizenship is itself an amnesty, which means, according to Webster’s Dictionary, “an act of forgiving, a general pardon of the offenses of subjects against the government.” By requiring at least six or more years of work, the payment of fees and a fine, as well as English proficiency, we are not forgiving or providing a general pardon. We are exacting a penalty for an offense. The principle of the “rule of law,” upon which our democracy is built, is maintained because the offenders pay a penalty and remain accountable to the law.
Some will argue that the penalties imposed in an earned citizenship program are insignificant and not commensurate to the offense. They also suggest they are irrelevant because, at the end of the program, an individual becomes eligible for citizenship and thus receive a “reward” for lawbreaking. I respectfully disagree.
In exacting punishment in our country, courts and legislatures consider both the intent of the lawbreaking and the effect of the lawbreaking. In the case of the migrant, the intent is to work and support his or her family and the effect is that this work helps our economy to move forward. The intent is not to harm and the effect is to help, thus mitigating the penalty. As for the arduous path to citizenship that persons must take, individuals must wait in the back of the line and, under many proposals, wait as long as eleven to thirteen years before becoming eligible for citizenship.
I would say that we want Americans who are willing to sacrifice for the value of citizenship, a value many Americans take for granted. More importantly, citizenship ensures that America does not employ a permanent underclass without full rights in the society, a hallmark of our democracy.
In considering the penalty for unlawful migration, we also must consider whether the law that has been broken is itself a just one. This also should mitigate the penalty exacted. In the history of the United States, we have enacted and implemented several unjust laws, including laws that have discriminated against certain types of persons based on race, gender, and national origin. We just celebrated Martin Luther King, Jr. Day. In Dr. King’s letters from a Birmingham jail, he details that an unjust law—one that violates the human dignity of the person---should engender civil disobedience. While I am not advocating such action in this case, I would argue that our current immigration laws are unjust as well: we employ and accept the labor and taxes of the undocumented yet deny them the protection of the law. As a matter of moral principle, we cannot have it both ways. It is not so much a matter of immigrants breaking the law as it is that immigration laws are broken and need fixing.
Let me address another criticism leveled at those who favor comprehensive reform, including criticism of the Church. Simply because we do not support an enforcement-only approach to the problem of illegal immigration does not mean we support “open borders” or do not support efforts to secure our country. In fact, it is our belief that a comprehensive approach will best help us secure our nation.
First, it will bring the undocumented population out of the shadows by offering them legal status, requiring them to identify themselves to the government. Is it not better to know who is in our country, so that we can distinguish between those who are here to work and pursue the American dream and those here for nefarious purposes?
Second, it will create legal avenues for migrants to enter in a safe and orderly manner, so that we know who is entering our country and for what purpose. Legal avenues for migration would also reduce the pressure on our southern border, permitting law enforcement to focus upon drug smugglers, human traffickers, and other criminal or terrorist elements.
Moreover, the enforcement of U.S. immigration law need not be conducted in a manner that undermines basic human dignity. Enforcement raids, for example, fail to meet this test, as they separate parents from children and alienate immigrant communities. The raids that have taken place in our country in the past several years are horrifying, to say the least. We experienced raids twice in Utah, one tragically on December 12, 2006, the Feast of Our Lady of Guadalupe of all days! In these raids, several hundred immigrants without appropriate documentation were deported to their home countries. Children came home to empty houses. It is hard to image the fear and anxiety of both parents and children as they scrambled to find out what was happening. The sacred bond between parent and child must be honored and not used as a cudgel that in effect does nothing to improve the situation one way or the other. We do not question the government’s right to enforce the laws but we do question raids that are ineffective and inhumane.
In this regard, comprehensive immigration reform also has the benefit of protecting families, which is the cornerstone of the church position. By legalizing the undocumented population, families are kept together by providing legal status to all family members. As many as 52 percent of immigrant families are of “mixed” status, in which at least one family member is undocumented—in many cases, the parents have no legal status while the children are U.S. citizens. Thus, reform prevents families from being ripped apart in harsh enforcement actions. Reform of our family immigration system will ensure that families are reunited in a more timely fashion. Currently, a Mexican legal permanent resident must wait as long as 10 years through the legal immigration system to bring a spouse and child to the United States. Such long waits encourage undocumented immigration and the loss of mothers and children in the Sonoran desert.
An approach to the immigration debate informed by the riches of the Catholic tradition respects the human dignity of our fellow human beings, does not scapegoat them for our social problems, and does not pit one community against another. All too often we hear and see, on cable television, talk radio, and on our streets, voices of fear and dissension that dehumanize immigrants. The faith community, in particular, must speak out against these divisive voices with the strong message that immigrants who come to this nation are equal in God’s eyes, work hard, share American values, and love and worship God as we do.
For some time now I have been talking about the Church’s response to the immigration crisis in our country and world. But you and I are the church. What can we do, practically, to respond to the immigration question and to immigrants themselves? What can you do in your parishes and communities of faith? Allow me to suggest just a few possibilities.
First of all, it is important to know the issues. It is important to know what immigrant families are facing, whether it be enforcement raids, deportation proceedings, families being separated, lack of legal status or whatever. We do not have to be experts but we should be conversant with the issues. We should be familiar with Church documents and government positions. It is especially helpful to know the theology behind our position. An excellent work just out is ? And we should know to whom to go for help. The Justice for Immigrants Campaign of the USCCB is an excellent resource as is the Catholic Legal Immigration Network known as CLINIC.
In addition, we should know not just the facts but the immigrants themselves. Spending time with them, hearing their stories and journeying with them gives us a perspective that most citizens just do not have. In this way, we can truly support the immigrant with credibility and empathy.
Secondly, we need to be a voice for the immigrants. They cannot speak for themselves but we can speak for them. Whether from the pulpit or in the parish hall, we have opportunities to educate, challenge and hopefully change hearts. In this regard it is important to use the right messaging. Migration and Refugee Services is of the USCCB is currently looking at how best to message the immigration issue so that you do not receive difficult responses form your parishioners. We can provide you with homily notes, bulletin inserts and other materials for use in your parish. National Migration Week, the first week in January, is a good opportunity to use these materials. You should receive a packet on NMW soon with these helpful materials.
Perhaps the best way to speak for the immigrants is by example, ensuring that all immigrant groups are welcome in the parish. Setting a tone of welcome, sponsoring discussion groups, engaging the parish council on immigration issues, spearheading clothing and food drives and creating reading or discussion groups around the issue of immigration are just some of the ways to foster a welcoming and open parish that welcomes the stranger in our midst.
Third, we can advocate for the immigrant. We must make our voices heard by those in power. All too often, the loudest voices are those that promote fear, hatred and suspicion. These strident voices tell our elected officials that we are being inundating by waves, swarms or hordes of immigrants, all words that connote disaster, disease and calamity. We must counter these shrill and false claims with a voice of reason and hope. This is the kind of advocacy that can turn the heads and hearts of our leaders and give them the confidence they need to bring about true comprehensive immigration reform.
Finally, we must pray. Whether at Mass or in the home, in the classroom or the parish hall, we must lift our voices in prayer, asking the one who himself fled the violence of his native land to help accompany those on a journey of hope.
I believe that you and I are called upon to be true reconcilers, helping our nation to find common ground. Cardinal Bernardin’s Common Ground Initiative reminds us that even the most diametrically opposed viewpoints can be reconciled in at least some ways. Recognizing that no point of view has a monopoly on the truth, presuming good faith until proven otherwise, seeking to truly understand the other’s position and being careful about ascribing motives can help us to find common ground and lead to the common good.
The immigration debate finds us at odds over legal and economic issues. We look at the immigrants through different lenses, some seeing danger, others hope. There are those who feel safer with simple and measurable solutions and others who prefer to engage the complexities of the debate. For some the immigrant is a symbol of danger and threat and for others, the reason for a secure future. While there are those who believe that immigrants have caused their own suffering there are others who see themselves as companions on the journey, called to help those they meet along the way. Yet, despite these seemingly intractable differences, we must never tire of seeking common ground. That common ground might just be the realization that we are all on a journey in this life and we are more likely to reach our goal if we look out for each other as opposed to going it alone. Comprehensive immigration reform is the first step on that journey to common ground where we can live and work together in a manner befitting a country that is called united.
To conclude, I would like to call to our minds two very disillusioned followers of one who claimed to be the Messiah, walking from Jerusalem to their home in Emmaus. They met a person who fascinated them by his serene demeanor and incredible knowledge of the scriptures. He talked at length about the very person they were following, seeming to have an unspeakable intimacy with him. As the day wore on and night approached, they invited the stranger to come in with them for a meal. And it was around that table of hospitality that they recognized Jesus in the breaking of the bread. We are called to do no less. We are called to welcome the strangers in our midst, to hear their story, and to invite them to our table. When we do, we will once again recognize Jesus in our midst. I believe that when all is said and done, and despite what some might say, there is always room at the banquet table. Indeed, we are never too old to open the door wide and offer those who knock a warm meal. Thank you very much for your attention this morning.
Hermanos sacerdotes, oremos los unos por los otros al Buen Pastor en este año de Gracia y oración.